Jaime Villanueva reveló que la ex fiscal Patricia Benavides trató de detener la incautación en la Universidad Alas Peruanas (UAP) en abril de 2023, según informó un medio nacional. Esta acción se debió a que la intervención en la universidad implicaba un enfrentamiento con la bancada fujimorista, ya que Joaquín Ramírez, ex congresista del partido naranja y principal financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, era sobrino del difunto propietario de la UAP.

En esa operación se confiscaron 162 propiedades, 84 vehículos y siete avionetas, valuadas en aproximadamente 1.000 millones de dólares. Benavides se mostró preocupada porque pensaba que los fujimoristas se molestarían y se volverían en su contra.

El abogado de la UAP, Wilber Medina, negó cualquier relación entre la universidad y Fuerza Popular, afirmando que el allanamiento tenía como objetivo encontrar la tesis de Patricia Benavides, que supuestamente se había realizado en la UAP y era crucial para su carrera como fiscal de la Nación. Sin embargo, Rafael Vela, ex coordinador de las fiscalías de lavado de activos, desmintió que ese fuera el propósito.

Según Vela, a raíz de la intervención en la UAP, se reiniciaron investigaciones en su contra en la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía. Jaime Villanueva también señaló otros motivos de Benavides para interrumpir las investigaciones contra la UAP, mencionando el interés de la fiscal en que el caso no tuviera éxito debido a las conexiones de su asesor, José Luis Hauyón, con personas vinculadas al caso.

Finalmente, se menciona una teoría fiscal que sugiere que el dinero de Joaquín Ramírez proviene de la UAP, pero el abogado de la universidad, Wilber Medina, aseguró que los actuales propietarios no tienen relación con la política desde 2019.