Supuesta red financiera. Según acusaciones fiscales, la jueza Margarita Salcedo decide incluir a Renovación Popular, anteriormente Solidaridad Nacional, en las investigaciones relacionadas con el caso de lavado de activos agravado vinculado a Odebrecht.
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ha decidido extender las investigaciones a Renovación Popular en relación con alegadas irregularidades en torno a sobornos que habrían sido otorgados a individuos vinculados a la agrupación política anteriormente conocida como Solidaridad Nacional.
Este caso forma parte de las indagaciones relacionadas con la Adenda n° 2 del proyecto Línea Amarilla, así como con el contrato de fideicomiso del proyecto Río Verde.
Según el expediente n° 0023-2019-62-5001-JR-PE-01, se sostiene que los supuestos delitos habrían sido cometidos por individuos como José León Luna Gálvez (actualmente congresista por Podemos Perú), Julio Víctor Torres Romero, Jorge Luis Zegarra Lévano, Martín Marcial Bustamante Castro, José David Quispe Lévano y el fallecido exalcalde de Lima y fundador del partido Solidaridad Nacional, Óscar Luis Castañeda Lossio, quien ha sido excluido de las investigaciones debido a su fallecimiento.
Sin embargo, de acuerdo con el rastro de responsabilidad penal, los acusados mencionados habrían aprovechado la estructura organizativa del partido político Solidaridad Nacional para facilitar la comisión y culminación del delito de lavado de activos agravado.
Estas pesquisas están relacionadas con supuestas actividades de apoyo destinadas a la supuesta realización de lavado de activos que habrían tenido lugar durante la campaña presidencial de 2011 y la campaña municipal de 2014.
Según el expediente legal, los sospechosos habrían empleado la entidad partidaria como una «estructura financiera y entidad política para facilitar la perpetración del delito de lavado de activos agravado.
«El informe legal alega que se habría efectuado la entrega de una suma total de US$5 millones, los cuales provienen de las empresas OAS (US$4.8 millones) y Odebrecht (US$200,000)».
Adicionalmente, el análisis jurídico del expediente sugiere que, si fuera necesario, «según el artículo 105 numeral 2 del Código Procesal Penal, como consecuencia accesoria, se procedería a la disolución y liquidación del partido político Solidaridad Nacional (actualmente Renovación Popular)».
Renovación Popular tiene como plazo hasta el miércoles 4 de octubre del presente año para notificar la designación de un representante legal.
