Ante aumento de la criminalidad, las nomas deben adecuarse a las exigencias de la población.

Es imperativo realizar un análisis profundo del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para hacer frente a los niveles preocupantes de criminalidad que ha alcanzado en nuestro país, sostuvo el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela.

Fue durante su participación en el aniversario de implementación de esta herramienta procesal en la Corte Superior de Lima Este.

“Debemos trabajar para que esta norma procesal penal se adecue y responda a las necesidades apremiantes que el país enfrenta, no podemos olvidar que las normas deben adaptarse a las exigencias de la población”, agregó.

Anotó además que la responsabilidad del Poder Judicial, es seguir, con el perfeccionamiento y reforzamiento de las capacidades de los operadores judiciales, así como afianzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“El objetivo primordial es, y siempre será, luchar contra esa criminalidad que tanto daño está infligiendo a la sociedad en estos momentos”, subrayó Arévalo Vela.

Indicó que esta reforma ha puesto especial énfasis en la protección de los derechos y garantías fundamentales, otorgando mayor protagonismo a la víctima en el proceso penal, y priorizando la oralidad como herramienta esencial para una justicia más rápida y eficiente.

“El cambio no ha sido sencillo, pasamos de un sistema escrito, reactivo e inquisitivo, a un sistema oral, proactivo y acusatorio. Esta transición nos ha exigido adaptabilidad, compromiso, así como una capacitación constante para estar a la altura de este nuevo marco normativo”, agregó.

Refirió que el NCPP representa un instrumento vital para afrontar los retos que el sistema judicial encuentra a diario, y constituye un cambio profundo de la justicia penal.

Garantías

De otro lado, el juez supremo Ricardo Brousset Salas aseveró que en las zonas declaradas en Estado de Emergencia se mantienen las acciones de garantías constitucionales ante el Poder Judicial (PJ) en defensa de cualquier ciudadano que se considere afectado en sus derechos por el exceso o abuso de las facultades excepcionales otorgadas a las fuerzas del orden. Detalló que los jueces constitucionales mantienen intactas las facultades que les otorga el Código Procesal Constitucional para dictar las medidas provisionales previstas en favor de los ciudadanos afectados. Así, dijo que entre las garantías constitucionales con que cuenta la población está la presentación de habeas corpus, recursos de amparo; entre otros. Y aclaró que las garantías constitucionales les permiten ejercer un control de las acciones desplegadas por la policía y las fuerzas armadas durante el Estado de Emergencia.

Marco legal

957 es el número del decreto legislativo que regula el nuevo código procesal penal.