El Segundo Juzgado Constitucional de Lima ha aceptado para su revisión la solicitud de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte con el propósito de invalidar la denuncia constitucional presentada en su contra por la Fiscalía de la Nación. La denuncia, que data de noviembre de 2023 y fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, acusa a Boluarte de presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves relacionados con las muertes durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.
A través de su equipo legal, la presidenta ha solicitado al juzgado constitucional la anulación también de la carpeta fiscal que contiene la investigación sobre las muertes y lesiones, que es la base de la denuncia constitucional. Según la acusación, Boluarte, en su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, habría omitido intencionalmente tomar medidas para garantizar el respeto a la vida y la integridad física de los ciudadanos durante las manifestaciones, lo que resultó en violaciones graves a los derechos humanos.
La denuncia también involucra a otros funcionarios, incluyendo a Alberto Otárola (en su calidad de ministro de Defensa) y a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero. Joseph Campos, abogado de Boluarte, previamente argumentó que la denuncia carecía de fundamento fáctico y buscaba su nulidad. Ahora, la juez supernumeraria Ana Del Rosario Osorio Sosa será la encargada de decidir sobre el fondo de la solicitud de la presidenta. El proceso busca la anulación de la denuncia constitucional y la consiguiente clausura de la investigación correspondiente.
