El juicio público a Keiko Fujimori, excandidata presidencial y líder de Fuerza Popular, junto con otros 46 acusados, está programado para comenzar el 01 de julio de este año. Los jueces Nayko Coronado Salazar, Raúl Caballero Laura y Max Vengoa Valdeiglesias, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, han notificado la convocatoria para la audiencia que se llevará a cabo en la sala número 1 de la sede judicial Carlos Zavala Loayza, de manera presencial.

La citación incluye a los acusados, sus abogados, representantes de Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces, así como fiscales y procuradores. Se ha planificado una segunda audiencia para el siguiente día, el martes 2 de julio. El tribunal ha anunciado que las audiencias serán mixtas, permitiendo la participación tanto presencial como virtual, especialmente para aquellos acusados que residen en el extranjero.

El juicio podría extenderse de tres a cuatro años debido a la gran cantidad de testigos, peritajes y pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa. La decisión de no iniciar el juicio en los primeros meses del año se basó en la necesidad de citar a acusados en el extranjero mediante cooperación judicial internacional, un proceso que lleva al menos cuatro meses.

Entre los temas pendientes que se discutirán en la audiencia del 1 de julio se encuentran asuntos relacionados con la integración de la acusación fiscal, la necesidad de testigos, diligencias de investigación y la discusión sobre la existencia de lavado de activos. Las fuentes judiciales estiman que, de superar estos obstáculos iniciales, la sentencia podría no emitirse hasta finales de 2027 o mediados de 2028.

Se destaca que el extenso número de testigos, 1.864 en total, plantea un desafío significativo. Si se llevan a cabo tres audiencias por semana, se necesitarían más de dos años y cuatro meses solo para el interrogatorio de todos los testigos, sin tener en cuenta el examen de peritos y la revisión de pruebas documentales. Los delitos imputados a Keiko Fujimori y Fuerza Popular incluyen organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.