La decisión del Congreso de inhabilitar a la magistrada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello, ha desencadenado un debate jurídico sobre la legalidad de esta acción. Este hecho ha avivado la memoria del caso mamanivideos, en el que tres exfujimoristas fueron suspendidos tras una acusación constitucional. Una acción de amparo interpuesta por uno de los suspendidos, Guillermo Bocángel, resultó en una resolución judicial que cuestionó la interpretación constitucional realizada por el Congreso en ese caso.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima encontró que el Congreso no interpretó correctamente la Constitución al permitir que los representantes de la Comisión Permanente participaran en la votación que terminó en la suspensión de los disidentes del partido. Esta resolución judicial está en proceso de apelación y podría tener implicaciones significativas en casos similares, incluida la reciente inhabilitación de Inés Tello.

La controversia gira en torno a si el Congreso tiene la autoridad para interpretar la Constitución y el reglamento parlamentario de manera discrecional. La defensa de Tello argumenta que el acuerdo de Portavoces del 2018 no puede superponerse a la Constitución y carece de obligatoriedad. Mientras tanto, la situación de Tello y otros casos similares podría depender del resultado del proceso contra el presidente de la junta, Antonio de la Haza, cuya inhabilitación será sometida a votación nuevamente en el Pleno del Congreso.