La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sido denunciada por segunda vez ante la Corte Penal Internacional (CPI) debido a las muertes ocurridas durante las protestas que estallaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023. La denuncia fue presentada el 20 de agosto por un grupo de 16 ciudadanos peruanos, que incluye figuras destacadas como la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, el exdefensor del Pueblo Walter Albán, la expremier Mirtha Vásquez, y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García Sayán.

La acusación se centra en la responsabilidad de Boluarte por la represión de las manifestaciones que resultaron en la muerte de 49 personas, derivadas de disparos realizados por las fuerzas de seguridad. Los denunciantes argumentan que la mandataria alentó y aplaudió esta represión, lo que constituye crímenes de lesa humanidad.

Esta no es la primera vez que la presidenta enfrenta tales acusaciones; a finales de junio, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) habían presentado una denuncia similar. La situación se agrava por la percepción de falta de garantías para un juicio justo en el ámbito interno, lo que llevó a los denunciantes a recurrir a instancias internacionales.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha defendido a Boluarte, indicando que se enviará una comisión a La Haya para presentar la posición del Estado peruano y rechazar las acusaciones. Sin embargo, expertos en derechos humanos han señalado que la CPI no recibe denuncias directas, sino que actúa a solicitud de otros estados o de la ONU, lo que complica la situación para la mandataria.

Las protestas que desencadenaron estas muertes se produjeron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y han sido caracterizadas por una fuerte represión por parte del gobierno. Las organizaciones de derechos humanos han enfatizado la necesidad de investigar a fondo estos hechos y garantizar justicia para las víctimas.