Nuevamente, en el Congreso buscan abordar importantes problemas públicos a través de una ley que se presenta como una solución mágica. En esta ocasión, el legislador Juan Burgos Oliveros, representante de La Libertad, propuso una iniciativa para instaurar en Perú un sistema de jueces y fiscales sin identidad en casos relacionados con la criminalidad organizada.

Este proyecto ha sido objeto de críticas respecto a su constitucionalidad, según señalan Víctor Cubas Villanueva, exfiscal supremo, y Cruz Silva del Carpio, del programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

La propuesta fue presentada por Juan Burgos, miembro del grupo Unidad y Diálogo, después de haber llegado al Congreso con la bancada Avanza País. Acompañan con sus firmas Katy Ugarte (ex Perú Libre) y Esdras Medina (ex Renovación Popular).

El legislador deja en manos del Poder Judicial la redacción de códigos para los jueces y fiscales sin identidad. A pesar de la complejidad del tema, la exposición de motivos desarrollada por Burgos abarca solo seis páginas, basándose en recuentos de notas periodísticas y una interpretación cuestionable de la Constitución.

En su iniciativa, Burgos propone la creación de «tribunales sin rostro para la investigación, juicio y sanción de delitos cometidos por organizaciones criminales». La modificación propuesta se centra específicamente en la Ley 30077 (ley contra el crimen organizado), donde actualmente el artículo 6 considera complejo cualquier proceso contra integrantes de una organización criminal.

Cruz Silva del Carpio, abogada e investigadora del programa Justicia Viva del IDL, advierte que este proyecto contraviene dos principios fundamentales constitucionales: el derecho al debido proceso y las garantías de un sistema judicial independiente. Señala que sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indican que el sistema de jueces sin rostro viola la independencia judicial y los derechos humanos.

Fuente: La República