Anuncio el ejecutivo tras publicación de Decreto Legislativo
La pena máxima se aplicará en casos de robo con el agravante de uso de explosivos o vehículos motorizados. Esta medida se enmarca en las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana concedidas por el Congreso.
Ayer, lunes, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Legislativo que propone sentenciar a 30 años de prisión a los responsables de robos de teléfonos móviles y dispositivos informáticos si se demuestra el uso de explosivos o vehículos motorizados en la comisión del delito.
Alberto Otárola, jefe del Gabinete, ha destacado que esta medida refuerza los esfuerzos de prevención y combate al comercio ilegal de teléfonos móviles en el país.
Esta iniciativa, dentro del marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República en el ámbito de la seguridad ciudadana, introduce cambios en el Código Penal en la categoría de robo agravado, incorporando el robo de dispositivos terminales móviles, equipos informáticos u otros similares como agravantes.
Este delito conlleva penas de prisión de 12 a 20 años y se incrementa a 20 a 30 años cuando se involucran explosivos o vehículos motorizados en su comisión.
Además, se introduce la modalidad de receptación, que implica la entrega de documentos para encubrir o disfrazar el origen ilegal de un bien o sus componentes.
También se prohíbe la comercialización o importación de dispositivos que permitan la manipulación de los códigos IMEI, MAC o SIM, según detalla un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
De manera similar, se tipifican como delitos la posesión ilegal de tarjetas SIM activadas y la venta de dispositivos con códigos IMEI alterados, sustituidos o duplicados.
