El presidente del Congreso, Alejandro Soto, nuevamente se encuentra en medio de acusaciones relacionadas con posibles acciones irregulares para eludir procesos judiciales. Se le vincula con la fiscal suspendida de la Nación, Patricia Benavides, en un intento por archivar una investigación en su contra sobre el caso de la Fábrica de Trolls, un grupo de empleados legislativos que presuntamente difamaban a legisladores de la oposición en redes sociales durante horas de trabajo.

A pesar de enfrentar denuncias graves, Soto ha sido protegido por bancadas que apoyan su gestión, incluso salvándolo de enfrentar un pedido de ocho años de prisión efectiva por el delito de estafa en una empresa donde anteriormente trabajaba como asesor.

Según el exasesor personal de Benavides, Jaime Villanueva Barreto, Soto habría buscado enterrar el caso de la Fábrica de Trolls ofreciendo agendar la votación para destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a cambio del archivamiento de su caso.

Aunque Soto ha negado tales acusaciones, la precisión en la declaración de Villanueva sugiere lo contrario. Benavides, por su parte, buscaba el respaldo de Soto debido a investigaciones en su contra, incluyendo su presunta intervención en favor de su hermana, la jueza Enma Benavides.

Villanueva explicó que había un acuerdo para desactivar el caso de Soto después de cierto tiempo, mientras se comprometía a que la moción de destitución de la JNJ fuera votada en el Pleno del Congreso. Sin embargo, Soto ha negado esta versión.