Desde finales de 2022, cuando las sospechas de posibles actividades ilícitas empezaron a apuntar hacia Pedro Castillo, el expresidente ha intentado obstaculizar las investigaciones denunciando a los fiscales que examinaban a figuras de su administración, revelándose más tarde como integrantes de su presunta red delictiva.

A medida que las investigaciones lo alcanzaron a nivel de la Fiscalía de la Nación, enfrentándolo por presunta corrupción, crimen organizado y rebelión debido al golpe de Estado de diciembre de 2022, Castillo ha presentado numerosos recursos para revertir y archivar los casos. Hasta ahora, ha presentado al menos 46 recursos ante el Poder Judicial, tanto en instancias penales como a nivel constitucional, sin éxito.

Recientemente, el Poder Judicial rechazó cuatro recursos que buscaban anular la acusación por rebelión y devolver el proceso a la etapa de investigación. Estos recursos pretendían llevar a cabo 51 diligencias, incluyendo la revisión de información de «prensa alternativa», las declaraciones de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, del fiscal Rafael Vela, y de varios congresistas.

Anteriormente, intentó anular la acusación por rebelión, por la cual la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios ha solicitado 34 años de cárcel. A pesar de sus intentos, la investigación y la prisión preventiva de 18 meses han sido confirmadas en la Corte Suprema, y los 24 recursos presentados en su contra han sido rechazados en primera y segunda instancia.

Fuente: El Comercio