La creación de una Comisión de Alto Nivel para proponer modificaciones al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, ha generado controversia. Según la propuesta, si la Organización de Estados Americanos (OEA) no implementa las reformas en un plazo de 180 días, el Estado peruano debería considerar la posibilidad de retirarse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Jo-Marie Burt, asesora principal en WOLA, argumenta que la Comisión de Alto Nivel refleja la intención de ciertos sectores del Congreso de distanciarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no desean tener una entidad que pueda pronunciarse sobre violaciones a los derechos humanos. Considera este intento de desvinculación del Pacto de San José como «muy grave» porque los Estados crearon el sistema para comprometerse a respetar los derechos humanos. Además, califica de «absurdo» el plazo de 180 días para implementar reformas, ya que esto requiere un proceso de consulta que lleva tiempo.

Burt también señala la falta de legitimidad de Perú debido a la impunidad en las muertes durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, los intentos de desestabilizar la democracia y el indulto ilegal de Alberto Fujimori.

Carlos Rivera critica el intento de mostrar que el Congreso puede reformar el SIDH como un voluntarismo de la extrema derecha sin fundamentos sólidos, calificándolo como un despropósito. Por su parte, la constitucionalista María Antonieta Gonzales opina que las reformas deben ser discutidas en la OEA y considera que la propuesta del Legislativo representa una intromisión en las funciones del Ejecutivo. Aclara que el derecho internacional se basa en el compromiso de los estados, y el Perú se ha comprometido a cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forma parte de la OEA.