Un día después de que la presidenta Dina Boluarte respaldara a su hermano, negando acusaciones de presionar a prefectos y subprefectos para obtener firmas y registrar un nuevo partido político para las elecciones de 2026, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en San Martín presentó una denuncia contra Nicanor Boluarte, su colaboradora Zenovia Griselda Herrera Vásquez, y cualquier persona involucrada en un presunto delito contra la administración pública.

La denuncia surge después de informes periodísticos que revelaron presiones hacia prefectos y subprefectos de la región amazónica de San Martín para respaldar la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Dichos informes indican que Boluarte, en su papel de coordinador regional del partido, habría obligado a funcionarios a completar formularios de afiliación.

En respuesta, la presidenta Boluarte calificó el reportaje como difamatorio, instando a buscar información de otros subprefectos y pidiendo una investigación de la Fiscalía de la Nación para esclarecer los hechos.

La prensa identifica a Herrera como la persona que opera en nombre de Nicanor Boluarte, alegando que ella ejercía influencia sobre los prefectos y subprefectos en la región San Martín. Antes de esto, cuando Dina Boluarte asumió como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021, Herrera fue designada como jefa del programa Qali Warma en San Martín. Al dejar el cargo, fundó la ONG Allpaynipa Warmini junto a la esposa de Nicanor Boluarte, Martha Reátegui.