El gobierno, además, establece un procedimiento simplificado para facilitar el acceso a los beneficios de semilibertad y liberación condicional en el ámbito penitenciario.

El Gobierno, mediante la publicación del Decreto Legislativo N° 1585, busca modificar las penas de prisión bajo determinadas condiciones y conceder beneficios penitenciarios con el fin de liberar a reclusos y reducir la congestión en las cárceles del país.

En el momento de la aprobación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, comunicó que esta medida se adopta porque, en los próximos dos años, se planea clausurar aquellas instituciones penitenciarias que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Este D.L 1585 aplica a los reclusos que hayan cometido delitos de menor gravedad, como delitos culposos, falsificación de documentos, hurto simple, estafas simples, lesiones leves, entre otros.

De igual manera, la medida se extiende a aquellos individuos que han sido condenados a penas de hasta ocho años por delitos de menor gravedad, siempre y cuando hayan cumplido la mitad de la pena y se encuentren en las etapas de tratamiento de mínima o mediana seguridad dentro del régimen cerrado ordinario.

De manera similar, la disposición se extiende a aquellos condenados a penas de hasta diez años, siempre que hayan cumplido ocho años de la sentencia y se encuentren en las etapas de tratamiento de mínima seguridad dentro del régimen cerrado ordinario.

En última instancia, se establece un procedimiento simplificado para acceder a los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional mediante la creación de expedientes electrónicos.